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Abogadas y abogados protestan en Salas de los Infantes

Hoy las compañeras y compañeros de Salas de los Infantes han salido a protestar por la situación del turno. El colegio ya no estaba con ellos, cobrado el mes de Enero ha decidido no manifestarse más. Yerran.

Yerran porque, si ahora levantan las medidas de presión cuando aún hay retrasos en el pago ¿cómo esperan presionar para que las miserables retribuciones que se cobran se eleven?

Yerran porque, si la presión no continua pronto volverán los incumplimientos y el gobierno sabrá que no están dispuestos a pelear más que por miseria.

Los abogados que han salido hoy en Salas han hecho mucho más que un acto de protesta, han señalado un camino y, sobre todo, mantienen viva la convicción de que abogados y abogadas no han de esperar nada de nadie y que lo que quieran lograr habrán de lograrlo ellos solos.

Gracias compañeras y compañeros de Salas, estas son de las que no se olvidan.

La punta del iceberg

Las protestas por los impagos del turno de oficio centran últimamente las acciones reivindicativas de abogados y abogadas. Esas protestas son en sí mismas evidentes, no hay justificación posible para quien paga tarde la miseria.

Sin embargo, tras esas protestas, se percibe la ira de una profesión indignada.

Indignada con el desprecio o demonización a la que la someten los sucesivos gobiernos.

Indignada porque abogadas y abogados sufren unas condiciones de trabajo en que la conciliación familiar es imposible, de hecho hasta agonizar y morir es un trance que los abogados viven cumplimentando plazos porque ni siquiera para morir se detienen los plazos procesales.

Indignada porque grupos de presión poderosos logran objetivos que los abogados, individualmente, no logran defender y como colectivo ni se ha intentado. Los accidentes de tráfico —que antes se veían en juicio con todas las garantías para las víctimas— ahora mayoritariamente se tramitan de forma burocrática; las costas judiciales aparecen limitadas por unos letrados de la administración de justicia cada vez más proclives a ejercer de juez único en estos casos; la caracterización del ejercicio profesional como un simple «servicio» por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia permite unas reglas de juego incompatibles con el primer objetivo de la profesión: defender derechos ajenos. Los divorcios a 150€ pueden ser maravillosos desde el punto de vista del mercado y de la competencia pero el objetivo de un divorcio no es ser barato sino defender los intereses de menores y ciudadanos que se juegan en ellos gran parte de su futuro y su felicidad.

Sí, la protesta por los impagos del turno de oficio es evidente, justa y necesaria; pero, bajo ella, late todo un mar de injusticias que aquejan a la profesión y que conviene verbalizar y defender si queremos seguir ejerciendo esta digna profesión de abogados y no ser empujados a un ejercicio sin principios ni dignidad.

Ayer muchos se manifestaron en muchos lugares de España, gracias compañeros.

Horizonte Europa

La situación de los abogados de oficio en España es kafkiana: obligados a trabajar en el turno de oficio por el artículo 1 de la Ley 1/1996 se les niega el derecho de huelga y quien quiera hacerla arriesga la posibilidad de que el juez de turno le abra diligencias.

¿Cuál es la relación que vincula a los abogados con la administración en el turno de oficio? ¿Qué derechos tienen los abogados en el desempeño de su trabajo, visto que el de cobrar decentemente y a tiempo tampoco lo tienen? Y, si tienen la obligación de trabajar y ningún derecho ¿a alguien se le ocurre algo más parecido que esto a una forma de neoesclavitud?

En una situación donde, además, la miserable retribución que habría que entregar a los abogados o no se entrega o se entrega tarde ¿Que ministro o consejero dotado de una dosis infinitesimal de vergüenza podría exigir que los abogados y abogadas se estén quietos y en casa?

Espor eso por lo que, aprovechando la redacción del artículo 1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, cuya dicción es lo suficientemente amplia

  1. Todos los trabajadores tienen derecho a sindicarse libremente para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales.
  2. A los efectos de esta Ley, se consideran trabajadores tanto aquellos que sean sujetos de una relación laboral como aquellos que lo sean de una relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones públicas

Un grupo de abogados de la Red de Abogados y Abogadas de España (#R) decidieron solicitar la inscripción de su agrupación como sindicato pues, de reconocerse su derecho a sindicarse, se reconocería implícitamente su derecho de huelga y, de no reconocerse, en todo caso, se habría de aclarar cuál es la naturaleza de su relación con la administración para, a la luz de ella, ejercer con plena efectividad los derechos que le correspondan.

Conformes con ese plan cinco abogados de la Red #R, adscritos al turno de oficio, prepararon un caso de laboratorio y solicitaron la inscripción de un sindicato compuesto exclusivamente de abogados de oficio que fue inmediatamente denegada por el Ministerio de Trabajo. Tal decisión se daba por descontada, la intención de estos abogados era y es iniciar un proceso —ya sea este otro— que acabe ante las más altas instancias europeas.

La primera estación del via crucis subsiguiente a la denegación dela inscripción era la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, órgano este ante el que se recurrió la decisión del Ministerio de Trabajo. No se esperaba sentencia favorable pero sí, al menos, que la Sala aclarase la naturaleza de la relación entre los abogados de oficio y la administración, cosa que dejamos a juicio de los lectores decidir leyendo el texto oficial de la sentencia por la que la Audiencia Nacional ha resuelto confirmar la resolución del Ministerio de Trabajo. Texto de Sentencia.

Con esta sentencia en la mano la fotografía de la situación de turno de oficio en España es dantesca: obligados a trabajar —en franca contradicción con el artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos— los abogados de oficio carecen del derecho a sindicarse, dificultando de esta forma enormemente el ejercicio del derecho de huelga que, cuando se lleva a cabo, es a la bravas, como recientemente han hecho los compañeros de Toledo.

Afortunadamente la sentencia de la Audiencia Nacional no es el final del trayecto sino solo el principio; el tren está en marcha y va lejos. Nos veremos en Europa.

Si quieres formar parte de la Red de Abogados y Abogadas, apoyar sus acciones o proponer unas nuevas, simplemente contacta con nosotros.

Cause Lawyering

El 7 de junio de 1892, Homer Plessy —un mulato nacido libre— adquirió un billete de primera en el ferrocarril intraestatal que efectuaba el recorrido de Nueva Orleans a Covington y procedió a sentarse en los asientos reservados a los viajeros de raza blanca.

No es que Plessy tuviese ningún deseo de ser detenido por la policía, su acción tenía una finalidad distinta: pretendía poner en cuestión una ley: la Separate Car Act que el estado de Louisiana había aprobado el 10 de julio de 1890; una ley que consolidaba el principio de iguales pero separados que se hallaba en el fondo de muchas leyes de segregación racial norteamericanas pretendidamente redpetuosas con la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Plessy no estaba solo, su acción estaba apoyada por un importante grupo de personas dispuestas a acabar con tal tipo de leyes segregacionistas y estas personas eligieron la vía judicial como una más de las herramientas de lucha contra ellas, además de las habituales actividades políticas y de presión.

Con el apoyo de este grupo de personas Plessy pudo llevar su caso hasta los más altos tribunales de los Estados Unidos para tratar allí de desactivar este tipo de leyes. Perdieron y así lo atestigua la sentencia Plessy v. Ferguson (167 US 537 [1896]) cuyo análisis más detallado pueden encontrar en este blog cuya lectura les recomiendo vivamente.

Perdieron, sí, pero el suyo fue un paso más en la lucha por las libertades civiles y contra la segregación racial de la población afroamericana en Estados Unidos.

A esta forma de lucha contra la injusticia y a esta forma de defender una causa o buscar el cambio social se le llama en Estados Unidos Cause lawyering y agradeceré a quien me recomiende un buen término en castellano con que hacer innecesaria la expresión inglesa.

Una forma de ejercicio profesional con especial dimensión ética es esta del cause lawyering, una herramienta que, hasta donde yo sé, utiliza la Red de Abogados y Abogadas de España y, en mi sentir, puede llenar de sentido mucha de nuestra actividad profesional.

Ser abogado sirve también para defender causas justas, como la de Homer Plessy y las personas que le apoyaban, y aunque siempre se ha hecho quizá sea bueno tomar conciencia de ello y del servicio que muchos abogados prestan a la sociedad con su trabajo.

Si quieres apoyar a la Red de Abogados y Abogadas de España o proponer un proyecto de cause lawyering ponte en contacto con nosotros.

Placa conmemorativa de la detención de Homer Plessy, situada en el lugar donde se produjo su arresto
Placa conmemorativa de la detención de Homer Plessy, situada en el lugar donde se produjo su arresto

Huelga del turno en Toledo

IMG_4925Hoy comienza la huelga del turno de oficio de los abogados y abogadas de oficio de los partidos judiciales de Illescas, Torrijos, Ocaña, Orgaz, Quintanar de la Orden y Toledo letrados y letradas que mantienen viva la esperanza de que la abogacía sigue vive en España. El Consejo General de la Abogacía Española debiera seguir su ejemplo el próximo 7 de noviembre y, o bien convocar huelga, o bien asumir su incapacidad para actuar con independencia en defensa de la abogacía. Hoy la esperanza habita en las cercanías de Toledo.

Protesta en Castellón

Protesta en CastellónAyer, día 20 de julio, se reunieron en Castellón el presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez y el de la Generalitat Valenciana Ximo Puig. A su encuentro acudieron también varias compañeras y compañeros de la red de abogados de Castellón para visibilizar los incumplimientos de la Generalitat en materia de turno de oficio.

La prensa atendió a nuestras compañeras y la acción resultó un éxito gracias a su acción rápida y decidida. Felicidades.

Contacto en Madrid

(Nota Informativa)

El 8 de junio, miembros de RED DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE MADRID, se han reunido con Pedro Irigoyen Barja, Director General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid.

La reunión parte de la solicitud formulada por el colectivo, de abrir una negociación con la Comunidad de Madrid, al objeto de plantearle sus reivindicaciones, expuestas y hechas públicas en las dos jornadas de protesta realizadas los días 19 de abril y 22 de mayo, a través de Concentraciones, delante de los Juzgados de Plaza de Castilla.

En el mismo encuentro, han participado también por parte de la Dirección General de Justicia, Álvaro Pinagua subdirector General de Recursos Humanos y Emilia Álvarez Tornero, subdirectora General de Régimen Económico. Por parte de Red de Abogados y Abogadas de Madrid, han asistido, Ángel López, Beatriz Hernández Abreu, Belen Bouza y Jose Manuel Olias.

La reunión ha sido larga, en concreto de más de dos horas, y en ella se han ido desgranando y analizando todas las cuestiones que afectan al funcionamiento de la Administración de Justicia y en las que la Comunidad de Madrid tiene competencias.

Así buena parte de la reunión se ha centrado en el mal estado de las instalaciones y sedes judiciales, con especial referencia a las precarias situaciones en que trabajan muchos de los funcionarios de Justicia, pero también los abogados y procuradores, y que por supuesto sufren los ciudadanos.

En este sentido, se ha hecho entrega de un dossier fotográfico, que a modo de ejemplo, recogía imágenes con  instalaciones judiciales en deplorable estado. Entre las fotos quizás más escandalosas, por significativas, están las de los cuartos de baño de Plaza Castilla y de Poeta Joan Maragal, que evidencian su pésimo estado y la falta de renovación desde hace décadas, algo que es, en realidad, una constante en casi todo lo existente en muchos edificios e instalaciones de la Justicia madrileña.

También se ha puesto de manifiesto que los medios materiales con que cuentan los Juzgados son claramente insuficientes y presentan graves carencias; mobiliario, equipamiento informático desfasado, etc., así como que deben aumentarse las plantillas de funcionarios y reducirse drásticamente el número de interinos e invertirse en la formación y preparación de los mismos. Al estar presentes los máximos responsables de Recursos Humanos de la Justicia Madrileña, muy de pasada se ha comentado sobre el absentismo y el control que sobre las jornadas laborales de los funcionarios se realiza, estando de acuerdo todos los presentes, en que no es un problema generalizado, pero que dado que algunos funcionarios abusan, debe aumentarse el control para erradicar totalmente esas prácticas e incluso la sospecha de que puedan tener lugar.

Se ha insistido, en que, al margen de ello, el principal problema de la Justicia es la falta de presupuesto económico con el que hacer frente a todas esas carencias, destacando la gráfica idea de que la Justicia no es un “Chicle que se pueda ir estirando y con ello tapando todo”.

Por los responsables de la Consejería se ha puesto de manifiesto que hacen todo lo que pueden y el Director General ha asegurado que trataría de conseguir más presupuesto.

Se ha abordado el problema de los Juzgados Uniprovinciales de Cláusulas Abusivas, los conocidos como Juzgados Pozo o Trampa, aportando datos y cifras reales de su situación y estado, tales como la existencia de más de 45.000 demandas en el juzgado 101 bis, existiendo otras 70.000 pendientes de reparto.

Por la Comunidad de Madrid se ha manifestado que ellos han aportado los medios y personal requerido por el CGPJ. A lo que se les ha contrarreplicado que es insuficiente y que no deja de ser un grave problema de su competencia, por cuanto se trata de un tema de consumo, y que además, son los ciudadanos de Madrid, los consumidores madrileños, los que lo sufren y padecen. También se ha explicado lo ilógica de esta medida dado que Madrid con 6 millones de habitantes tiene un Juzgado mientras que Andalucía con 7 millones tiene 7, uno por provincia.

Al hilo de esto, se han aportado señalamientos de juzgados para finales de 2019, y se ha explicado, con datos reales de procedimientos, como es habitual, que para reclamar una deuda, haya que invertir entre 2 y 4 años. Lo que en definitiva, supone casi hablar, de una justicia fallida.

Se les ha trasladado la incorrección de entender la Justicia como un gasto, cuando es una inversión en bienestar para la ciudadanía y un revulsivo para las empresas, y además es un sector económico propio que genera importantes ingresos a las arcas públicas, por vía directa e indirecta, a través la propia actividad económica de los abogados y demás profesionales del sector.

La parte final de la reunión se ha dedicado a abordar ampliamente todo lo relativo a la justicia gratuita y el turno de oficio. En este sentido se han trasladado las reivindicaciones de Red de Abogados de Madrid tendentes a la necesidad de un incremento de un 45% de los baremos. Explicándose a los responsables de la Comunidad de Madrid, que es perfectamente asumible, si se aborda en 3 años, a través del compromiso de subidas del 15% anual.

Por supuesto se les ha trasladado lo indigno e intolerable de que los pagos se vengan realizando con tanto retraso, teniendo que adelantar los abogados el dinero de su bolsillo.

La Consejería se informa que se está trabajando en todo este área y que esperan poder en este año establecer el pago mensual de las indemnizaciones del Turno, para lo cual resulta necesario modificar determinadas normativas, siendo esta cuestión técnica, que al parecer se ha detectado en el último momento, por lo que no está ya realizándose.

Por parte de los miembros de RED DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE MADRID, se ha agradecido la atención recibida, informando que se mantendrán las movilizaciones y medidas de presión, mientras estas reivindicaciones y otras que son de ámbito competencial estatal, no sean una realidad.

Somos más y estamos mejor desorganizados

IMG_4923El colectivo más numeroso en la administración de justicia —tras el de los ciudadanos, que es siempre cualitativa y cuantitativamente el más importante— es el de los abogados y abogadas. Con más de 140.000 personas la abogacía duplica al número de funcionarios y funcionarias que trabajan para la administración de justicia.

Resultaría irritante, por lo tanto, que hubiese un diferente grado de sensibilidad hacia las reivindicaciones de cada colectivo. Abogados, jueces, procuradores y fiscales se sientan a la misma altura en estrados y no es por casualidad sino porque el legislador quiso visibilizar la igualdad sustancial de todos los intervinientes en sala. Colocó en un escalón más bajo a los administrados —es verdad— y fue su único yerro pues es muy verdad que todos cuantos se suben a estrados no tienen otro fin que el de servir a quien, curiosamente, colocan un escalón por debajo.

Estrenamos nueva ministra, fiscal de profesión, favorable a la huelga de jueces y fiscales que todavía está sin desconvocar. Resultaría altamente desagradable que no atendiese las reivindicaciones de los distintos colectivos de forma ecuánime y adecuada.

En todo caso y para que le sirva de guía a la hora de establecer sus prioridades aquí le dejamos una gráfica que visibiliza la dimensión de cada colectivo. Esperemos que la tenga en cuenta, estaremos observando y obraremos en consecuencia.