LA JUSTICIA SOLO IMPORTA AL PODER POLÍTICO PARA TENER MÁS PODER

Por una Justicia independiente, cercana, accesible, eficaz y con medios.

Objetivamente, ni la justicia ni la situación de los justiciables y de los operadores jurídicos ha mejorado estos últimos años, ni siquiera en la última década. Lamentablemente, la justicia es la gran olvidada de la “política”. Eso sí, salvo cuando se trata de elegir al Fiscal General del Estado o a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano que, entre otras competencias, propone el nombramiento del resto de altos cargos de la judicatura (presidentes del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de Tribunales Superiores de Justicia y de Audiencias Provinciales, dos miembros del Tribunal Constitucional y magistrados del Tribunal Supremo), pues, para esto, partidos de todo signo no tienen reparo en alardear del control que pueden ejercer a este respecto y son capaces de cualquier cosa, incluso de bloquear cualquier renovación y hasta de cambiar las reglas del juego reduciendo la mayoría necesaria para su elección, todo ello en contra de las normas y estándares internacionales.

El GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa), desde su constitución en 1999, ha venido recomendando a España cambiar el sistema de elección de los miembros del CGPJ. Más recientemente, realizó un informe en julio de 2016 en que daba a España de plazo hasta el 31 de julio de 2017 para la implementación de once recomendaciones para garantizar la independencia judicial como forma de lucha contra la corrupción, entre las que se encontraba la necesidad de que las autoridades políticas no intervinieran en ningún estadio del proceso de selección de los miembros de la judicatura.

En informes de fecha 8 de diciembre de 2017, publicado en enero de 2018, y de fecha 21 de junio de 2019, publicado por el Gobierno traducido al español el día 13 de noviembre de 2019, el GRECO constató, entre otros, el incumplimiento en España de sus recomendaciones sobre la elección de los miembros judiciales del CGPJ sin intervención alguna de las autoridades políticas y sobre el establecimiento de criterios objetivos y requisitos de evaluación para el nombramiento de altos cargos en la judicatura.

En el mismo sentido, se pronunció el Relator Especial de las Naciones Unidas para la independencia de los magistrados en un reciente informe. Y en cuanto a la selección, nombramiento y ascenso de los jueces, el Relator de la ONU reiteraba que debía encomendarse a un consejo de justicia u órgano equivalente, independiente de los poderes legislativo y ejecutivo, y basarse en criterios objetivos establecidos previamente por la ley o por la autoridad competente, esto es, en las calificaciones, aptitudes, capacidades, integridad, imparcialidad e independencia, sin discriminación alguna.

Por tanto, urge modificar el actual sistema de selección y/o designación de los miembros del CGPJ y, por ende, del resto de la cúpula judicial pero no para dar más poder de decisión en ello a parte del poder legislativo sino para adaptar nuestra normativa a los estándares internacionales, debiendo abstenerse los partidos políticos de intervenir, directamente o a través del Gobierno, Congreso y Senado, en cualquier fase de dicho proceso, suprimiéndose la designación autonómica de magistrado en los Tribunales Superiores de Justicia y dejando que sean directamente los jueces (y, en su caso, también abogados y otros profesionales jurídicos, dado que pueden ser nombrados miembros del CGPJ ocho profesionales de reconocida competencia) los que designen a los altos cargos de la judicatura según criterios objetivos previamente fijados, de forma motivada y con transparencia, poniendo fin a la discrecionalidad.

De no hacerse así, seguirá menoscabada la confianza que, en un Estado de Derecho, la Administración de Justicia debe inspirar en los justiciables.

Procede fortalecer dicha confianza para, a su vez, robustecer al propio Estado.

Un Estado de Derecho y una democracia sólidos exigen una justicia que funcione, que sea eficaz y efectiva, y por ello la justicia debe ser una materia a la que la clase política, olvidando intereses partidistas, debe destinar sus máximos esfuerzos, aportando soluciones y propuestas de mejora que permanezcan más allá de quien gobierne.

Como demandamos los distintos operadores jurídicos y la sociedad en general, es urgente e inaplazable una reforma en la justicia, caracterizada sobre todo por la tardanza en la tramitación, el colapso por la sobrecarga de trabajo y la escasez de medios, lo que la hace absolutamente ineficaz para cumplir sus fines.

No obstante, dicha reforma no debe hacerse, como se pretende durante esta situación excepcional de pandemia por el COVID19 y con las enormes consecuencias que ello tiene a nivel económico, social y jurídico, sino tras un previo, profundo y detallado análisis de cada uno de los problemas que presenta la administración de justicia, de sus causas y de las soluciones a los mismos, con el consenso de las fuerzas políticas así como de los diversos agentes y profesionales que intervenimos en ella, con absoluto respeto al ciudadano y a sus derechos y a la labor que cada uno realizamos y con el compromiso político de dotar a dicha reforma de todos los medios materiales, personales y estructurales necesarios para su efectividad y la correspondiente previsión presupuestaria. De otra forma, dicha reforma tan necesaria no será efectiva ni duradera.

Y lo que no cabe es pretender agilizar la justicia, reducir la litigiosidad y descongestionar los juzgados a costa de la indefensión de millones de ciudadanos, limitando o dificultando su acceso a la tutela judicial efectiva, centralizando las competencias en determinados juzgados provinciales.

Y, por supuesto, tampoco cabe proceder a una ruptura y cambio radical de todo el sistema (como atribuir la investigación criminal a los fiscales) sin tener unos objetivos claros para mejorar la justicia y sin contar con la opinión de los profesionales y colectivos afectados que conocen el día a día.

Por todo ello, instamos a que se aproveche la oportunidad para que, en consenso con los distintos grupos parlamentarios y con los colectivos implicados, se introduzcan las modificaciones necesarias para la efectiva reforma y modernización de la administración de justicia entendida como servicio público cercano y accesible a todos los ciudadanos, eficaz, con medios e independiente, esencial en un Estado de Derecho.

Desde Red de Abogadas y Abogados de España velaremos por ello.

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