Clasificación: Otro

Resumen (No puede superar diez lineas: Es notoria la falta de medios e ineficacia de la justicia en nuestro país, dada la tardanza en la tramitación y el colapso por la sobrecarga de trabajo, y resulta urgente e inaplazable una reforma de la justicia.

Texto de la ponencia. (No más de 5000 caracteres): Lamentablemente, la justicia es la gran olvidada de la “política”, dedicada casi exclusivamente a la economía y a obtener buenos resultados macroeconómicos y a políticas más visibles para el ciudadano, como en materia de educación, sanidad y prestaciones sociales. Es un hecho que, en justicia, no se han llevado a cabo las inversiones necesarias para que funcionara eficazmente, como se ha hecho en otras administraciones (como la tributaria o de la Seguridad Social), dotadas desde el principio con muchos más medios y en las que las nuevas tecnologías se han instaurado en el día a día desde hace muchos años.
Resulta urgente e inaplazable una reforma en la justicia, caracterizada sobre todo por la tardanza en la tramitación, el colapso por la sobrecarga de trabajo y la escasez de medios, lo que la hace absolutamente ineficaz para cumplir sus fines, de tutela efectiva de los derechos de los justiciables.

Por dar unos datos: Según la memoria del CGPJ para 2018, la plantilla judicial sigue siendo deficitaria en al menos 361 unidades judiciales (95 plazas de magistrado y 266 de juez). Recientemente, se han creado por Real Decreto 22 plazas de magistrado y 53 juzgados nuevos y se han ampliado en 80 plazas la plantilla orgánica del MF, lo que resulta claramente insuficiente para asumir la carga de trabajo existente y paliar el grave problema de falta de medios de nuestra justicia.
La Comisión Europea, en el cuadro de indicadores de 2018 y ya en un informe de 2016 de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) en el que analizó los sistemas judiciales de los diferentes países, puso de manifiesto que España cuenta con la mitad de jueces y fiscales que la media europea. En concreto, la media europea está en 21 jueces y 11 fiscales por cada 100.000 habitantes. España, sin embargo, cuenta con 12 jueces y 5 fiscales por cada 100.000 habitantes. En ese cuadro de indicadores de la UE, respecto al gasto en justicia, se indica que desciende en España y ronda los 80 € por persona, entre el 0,3 % y el 0,4 % del PIB. En 2010, esta inversión se situó cerca de los 100 € por persona y desciende al entorno de los 80 € en 2016. Si lo comparamos con otros países europeos, en Alemania el gasto se sitúa en 150 €/persona y en Luxemburgo llega a los 200 €/persona.
Atendiendo a estos datos y los hechos notorios y públicos de falta de medios e ineficacia de la justicia en nuestro país, deberíamos estudiar y plantear en el Congreso propuestas de mejora de la administración de justicia, tanto a nivel de demarcación y planta judicial (creación de más plazas de jueces, nuevos órganos como juzgados de distrito o municipales, tribunales colegiados de instancia, juzgados reforzados …) como a nivel organizativo y de gestión del trabajo y de los medios (más medios personales y materiales y refuerzo de los programas de formación continua, con previsión presupuestaria adecuada, nueva oficina judicial, revisión y redefinición de funciones con reducción de tareas administrativas a los jueces y de carga de trabajo, mayor especialización, juzgados de ejecución, servicios comunes, etc.), a nivel tecnológico (supresión de Lexnet o al menos mejoras sustanciales en el sistema de comunicaciones y control de éste por un CGPJ independiente, expediente digital, interconexión entre los sistemas informáticos de los distintos juzgados y administraciones), a nivel procedimental (simplificación de algunos procesos aunque sin merma de garantías y derechos del justiciable, razonabilidad en la fijación de señalamientos, etc) o el impulso de medios alternativos como la mediación o el arbitraje (pero solo cuando exista equilibrio e igualdad entre las partes y no como una fase obligatoria previa al proceso judicial).

Propuesta de acuerdo: Tal y como demandamos todos los operadores jurídicos y la sociedad en general, es urgente e inaplazable una reforma en la justicia, caracterizada sobre todo por la tardanza en la tramitación, el colapso por la sobrecarga de trabajo y la escasez de medios, lo que la hace absolutamente ineficaz para cumplir sus fines.
A este respecto, resulta exigible una justicia que funcione, que sea eficaz y efectiva y que se la dote de todos los medios personales, materiales y estructurales necesarios para prestar un servicio adecuado. Y por ello la justicia debe ser una materia a la que la clase política, olvidando intereses partidistas, debe destinar sus máximos esfuerzos, aportando soluciones y propuestas de mejora (como las indicadas en el texto de esta ponencia) que permanezcan más allá de quien gobierne e invirtiendo en ella, al menos como se ha hecho en otras administraciones (como la tributaria o de la Seguridad Social), dotadas de muchos más medios y en las que las nuevas tecnologías son el día a día desde hace años, frente a Lexnet que se ha demostrado no es segura y la existencia de diversos sistemas de comunicación no interoperables que hay en justicia.

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